El traslado del único hospital geriátrico de Canarias avanza sin un proyecto de retorno conocido, mientras Lanzarote crece y su necesidad de cuidados de larga duración aumenta.

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El Hospital Insular de Lanzarote no es solo un edificio. Es una comunidad de profesionales, personas usuarias y entornos de convivencia que ha sostenido durante casi cuatro décadas un modelo público, integrado y especializado de cuidados. Desde la creación de su servicio de geriatría en 1987, es el único centro del Archipiélago dedicado de forma específica a la atención geriátrica; desde 2020, también es el único acreditado por el Ministerio de Sanidad como unidad docente multiprofesional de geriatría.

Por eso, hablar de su traslado no equivale a mover una dirección postal. Significa poner en movimiento un servicio sin equivalente en Canarias, fragmentar su encaje institucional y trasladar un tejido humano construido en torno a un modelo de atención centrado en la persona.

«En el Insular de Lanzarote no existen pacientes de larga duración en una cama hospitalaria de agudos por motivos de dependencia, precisamente porque se cuenta con un equipo multidisciplinar capaz de llevar a cabo un modelo de derivación ágil, pero centrado en la persona».

Domingo de Guzmán Pérez Hernández — Exdirector del Hospital Insular de Lanzarote

Celeridad para el traslado, opacidad para el retorno

El informe reconstruye el recorrido que va de la integración del hospital en la red pública del Servicio Canario de la Salud, efectiva desde 2019, al anuncio de su cierre y traslado entre 2024 y 2026. La secuencia deja una paradoja: la operación avanza con rapidez en su dimensión ejecutiva, pero sin que se haya presentado públicamente el Plan Director que debería ordenarla, sin un proyecto de rehabilitación dotado y sin una fecha de retorno verificable.

La seguridad del edificio exige rigor. El informe técnico de 2019 documentó defectos graves en una construcción de 1950 y la necesidad de una reforma integral. ODESOCAN no niega ese riesgo: la seguridad de las personas usuarias no es negociable. La cuestión es otra. La misma administración que permitió el deterioro durante años impulsa ahora el desalojo sin un plan público de retorno ni una ficha financiera que garantice la continuidad del centro.

Los presupuestos autonómicos de 2026 consignan cero euros para la rehabilitación del Hospital Insular de Lanzarote. El contraste territorial es elocuente: ese mismo presupuesto destina 4,1 millones de euros al Hospital Insular de Gran Canaria y 1,5 millones al Doctor Negrín. El problema no es solo técnico; también expresa una jerarquía territorial en el reconocimiento del derecho.

La demografía camina en la dirección contraria

Lanzarote no pierde población. Entre 2000 y 2019 casi duplicó sus habitantes y, tras la pausa de 2020 a 2022, volvió a crecer hasta alcanzar 167.387 personas en 2025 según datos del INE. La proyección del informe sitúa a la isla en torno a 185.100 habitantes en 2031. Dos métodos independientes que convergen en esa trayectoria ascendente.

La isla es hoy más joven que el promedio canario, pero su cohorte más numerosa se concentra entre los 40 y los 54 años. Esa es, precisamente, la demanda geriátrica de los próximos quince o veinte años. Además, la vejez y el cuidado están profundamente feminizados: serán mayoritariamente mujeres quienes ocupen esas camas y son ya mayoritariamente mujeres quienes sostienen el cuidado cuando el sistema público se repliega.

La estimación de capacidad asistencial refuerza la alerta. Aplicando una tasa de referencia de 300 camas por cada 100.000 habitantes, la necesidad teórica de Lanzarote pasaría de 502 camas en 2025 a 555 en 2031. El inventario insular documentaba 371 camas hospitalarias en toda la isla, incluidas las 80 del Insular. Estas cifras no permiten calcular un déficit exacto, porque las camas no son homogéneas, pero sí muestran una dirección inequívoca: retirar o fragmentar capacidad pública carece de justificación demográfica.

Tres hipótesis y una prueba decisiva

Cuando la demanda no decrece y la planificación no se hace pública, queda una pregunta: ¿Qué explica la operación? El informe formula tres hipótesis, ordenadas de la más a la menos respaldada por la evidencia. No las presenta como conclusiones cerradas, sino como posibilidades que deben poder confirmarse o descartarse.

Que lo provisional termine siendo definitivo. Los precedentes canarios muestran traslados sociosanitarios que superaron una década sin retorno al edificio original. La hipótesis se debilitaría con una rehabilitación dotada, adjudicada y calendarizada; se reforzaría si el inmueble queda vacío sin obra iniciada.

Que se produzca una privatización silenciosa de camas. Canarias encabeza, empatada con Madrid, el índice de privatización sanitaria de la FADSP de 2025. No existe un documento que pruebe un plan de privatización del Insular, pero la hipótesis se confirmaría si la capacidad desalojada se repone mediante conciertos o derivaciones, y se descartaría con una oferta pública equivalente.

Que la operación responda al calendario electoral de 2027. Es la hipótesis más especulativa. La coincidencia de los tiempos no demuestra una intención, y el informe evita atribuirla a personas concretas. Se reforzaría si las nuevas plazas se capitalizan electoralmente sin un proyecto de retorno; se debilitaría con presupuesto, calendario y ficha financiera.

Las tres hipótesis comparten una prueba: el presupuesto de 2027. Será ahí donde las promesas deberán convertirse en proyecto, financiación y plazos. Hasta entonces, la exigencia democrática es clara: hacer pública la planificación, garantizar la participación de profesionales y ciudadanía y proteger la continuidad de un patrimonio sanitario que Canarias no puede permitirse perder.

Fuente: ODESOCAN, «El Hospital Insular de Lanzarote. Cronología, proceso institucional, impacto demográfico e hipótesis sobre el cierre y traslado del único hospital geriátrico de Canarias», 22 de junio de 2026.

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