Nota de la directora 

ODESOCAN

El 31 de octubre de 2023, se publicaba la propuesta de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2024 por parte del Gobierno Autónomo.

Una vez publicada, desde el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, tomamos la decisión de analizar uno de los documentos más importantes de Canarias.

Los Presupuestos de la C.A. representan el diseño y la previsión de las políticas públicas que se realizarán por parte del Gobierno de Canarias para cada ejercicio, y por lo tanto, la muestra más relevante sobre las prioridades del mandato.

Este Informe Global de los Presupuestos de Canarias 2024, analizará y evaluará las cuentas realizadas por el Gobierno de Canarias y su relación con la realidad socio económica del archipiélago. De esta manera, describirá cuáles son las variaciones presupuestarias que se han producido en comparación al ejercicio 2023, cuál es la proporción real que ocupa cada una de las partidas en relación con la totalidad del presupuesto, si existen realmente incrementos en dichas partidas y su traducción al contexto canario.

Asimismo, procederá a exponer si estos son realmente unos presupuestos que priman el gasto social y por lo tanto es posible denominarlos como presupuestos sociales.

Este Informe, responderá a las preguntas más recurrentes en relación a los presupuestos:

¿Son unos presupuestos ajustados a las necesidades de Canarias? ¿Son unos presupuestos sociales? ¿Pueden estos presupuestos afrontar con objetividad las problemáticas del contexto canario?

Desde el equipo técnico de ODESOCAN, esperamos que este documento pueda servir para que la ciudadanía conozca los detalles, de manera clara y accesible, sobre los presupuestos que regirán la política pública de todo el año 2024 en Canarias y lo que significará para su futuro en el archipiélago.

Esperamos que disfrute de la lectura y de la información que aquí le trasladamos.

Atentamente;

Equipo Técnico ODESOCAN

Históricamente, la forma en la que se han diseñado, organizado, definido y desarrollado la estructura pública para la cobertura social, ha sido motivo de análisis y evaluación desde diversas perspectivas y miradas para su aplicación. El Derecho Social se ha clasificado en mayor medida en torno a criterios ajustados a reglas y normas con estándares y niveles basados en cómo y qué entendemos por exclusión social, por vulnerabilidad o por situaciones de riesgo.

Los problemas que parte de la ciudadanía atraviese como consecuencia de cómo es ordenada una sociedad y sus necesidades, demandas o deseos, quedan catalogadas en función de índices de medición y parámetros que la administración entiende como base para definir si se encuentra o no en la posición de ser asistida y apoyada.

Es habitual encontrar líneas de “atención y cobertura” proporcionados por las administraciones que, como consecuencia de sus propios índices de medición y criterios para clasificar quién puede o no percibir apoyos, acaban traduciéndose en medidas de auxilio totalmente distanciadas de la posibilidad de emplear medidas transformadoras y por lo tanto que rompen con la fórmula habitual por la que la ciudadanía es un agente más de la caridad institucional.

La relación de interdependencia que mantienen ciudadanía y administración surge desde el reconocimiento colectivo por el que las sociedades encuentran la necesidad de dotarse de convivencias en equilibrio y equidad de derecho. Mientras una sostiene y provee de recursos a la administración, esta última desempeña la función de gestionar y resolver las necesidades coyunturales, los problemas estructurales y organizar los recursos para las demandas, necesidades y deseos del mañana.

Si en un supuesto, una persona solicitara el reconocimiento de su derecho a los sistemas de apoyo que se encuentran en la conocida como “Ley de Dependencia”, y la administración le reconociera en tiempo y forma su prestación, para esta última, esa persona ya se encontraría atendida y por lo tanto, su función pública ya habría finalizado.

Sin embargo, a qué denominamos como “bienestar social”, a qué señalamos como cobertura pública y cómo evaluamos su capacidad de respuesta. Al pretender dar una definición de Bienestar Social, son muchas las interpretaciones realizadas por diferentes autorías que han tratado de aportar una definición, no obstante, a qué nos referimos.

Para Moix (1986:35), su definición aún se encontraba limitada a que “con un sentido científico sólo se ha desarrollado recientemente al compás de y en conexión con los problemas sociales de nuestra sociedad industrial”, para (Ander-Egg 1984:33) se definía por su capacidad “para designar el conjunto de leyes, por una parte, y los programas, beneficios y servicios que por otra parte se establecen para asegurar o robustecer la provisión de todo aquello que se consideran las necesidades básicas para el bienestar humano y el mejoramiento social”. Por su parte, para Wilensky y Lebeaux (1958) podría definirse “como aquellos programas, agencias, e instituciones organizados formalmente y patrocinados socialmente que funcionan para mantener o mejorar las condiciones económicas, la salud o la competencia interpersonal de algunas partes o de todas las de una población”

Pero con independencia de las similitudes o diferencias de cada una de las autorías a la hora de dar con una definición exacta, la práctica totalidad de esas interpretaciones, centran su atención en si el Bienestar Social depende de los problemas sociales o bien es el conjunto de elementos por los que se pretende cubrir las consecuencias de los problemas sociales.

En definitiva, lo que se pretende evaluar es si el sistema social que conocemos hasta hoy, se encuentra organizado en torno a la propia administración, sus estándares, lenguaje y mecanismos, o bien, se ha desarrollado entre el tejido social para responder a la naturaleza por la que fue instaurada.

Así, se producen los siguientes planteamientos:

• La norma y sus desarrollos, como herramienta o como fin en sí mismo.
• La administración, como órgano gestor o como estructura de clasificación social.
• El sistema público, como método de garantía social o como instrumento para estandarizar las clases sociales*.
• El lenguaje institucional, como elemento facilitador de la accesibilidad o como disuasor del derecho social y la participación pública de la ciudadanía.
• El derecho social, como principio de la función pública o como clasificador de la utilidad social y productiva de la población.

Todo ello podría tratar de reducirse a la siguiente pregunta. Si el motivo fundamental de la administración es el de gestionar los recursos escasos para evitar desequilibrios e inequidades en aras de garantizar el “Bienestar Social”;

¿Sirve el sistema público actual a su principal fin?

La metodología que será empleada en el informe es principalmente cuantitativa y consta de 4 fases:

1. Presentación de los presupuestos de 2024 (Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, 2023) y la distribución en secciones en términos absolutos (totales) y relativos (%). Asimismo, se llevará a cabo una doble comparación con los presupuestos de 2023. Por un lado, la evolución del gasto en entes y secciones, y por otro lado, la distribución presupuestaria de ambos ejercicios en secciones. En este sentido, la motivación de tomar dos vertientes en el análisis comparado de ambos presupuestos responde a la necesidad de no sesgar el análisis. Debido a que los presupuestos de 2024 cuentan con 834 millones de euros más que el ejercicio anterior de 2023. Este incremento del 7,84% se reflejará en un crecimiento que no sólo responde a la voluntad política, sino al hecho de que el monto total ha aumentado.

2. Para comprender la dimensión de los presupuestos de 2024 en Canarias conviene realizar un análisis comparado entre comunidades autónomas y a lo largo del tiempo. Hemos escogido las funciones presupuestarias debido a que la base de datos del Ministerio de Hacienda (2023) no contaba con secciones presupuestarias y en orden de semejanza las funciones son más próximas. Pues las secciones designan la partida de gasto desde una consejería y sus nomenclaturas no distan de las funciones, pues refieren a los objetivos y la finalidad que queda reflejada en los nombres de las consejerías (Ortíz, 2012)

3. La tercera fase de nuestro análisis pasa por una comparación interterritorial del gasto público en funciones por persona entre los años 2006 y 2023. Por motivos de accesibilidad y en base a los objetivos del informe hemos escogido las funciones de sanidad, educación y servicios sociales.

Asimismo, existe una extensa literatura que relaciona la importancia del gasto público en el bienestar social y cómo éste impacta en la calidad de las instituciones (Marshall y Jaggers, 2000; De la Croix y Doepke, 2003; Hoff y Stiglitz, 2004; Alonso y Martín, 2010; Lapuente y Rothstein, 2014). Por este motivo hemos decidido ir más allá para comparar el nivel de cobertura presupuestaria por persona en España con diferentes indicadores relacionados directamente con la función correspondiente. En el Glosario les mostramos nuestra tabla de indicadores en relación con las funciones presupuestarias.

4. Para finalizar el análisis abordaremos relaciones de causalidad bi-variada entre variables de gasto público en relación al PIB (Producto Interior Bruto) con diferentes indicadores. En primer lugar, compararemos el gasto público en educación respecto al PIB con la brecha de género del GINI. Este indicador lo hemos medido a través del GINI y le hemos sumado la brecha salarial por género en el salario mediano por comunidades autónomas quedando de la siguiente forma:

GINI + brecha salarial mediana = Brecha del GINI

En segundo lugar analizaremos el IMCV en la categoría de salud en relación con el gasto público en sanidad respecto al PIB. A continuación estableceremos una nueva relación entre el Cociente S80/20 del INE con el gasto público en servicios sociales respecto al PIB. La elección del Cociente S80/20 se debe a que ha sido empleado por el INE desde el año 2006 hasta el 2021 y para técnicas de inferencia estadística es conveniente aglutinar el mayor número de casos posibles. Finalmente, realizaremos una última relación entre el Cociente S80/20 y el gasto público en sanidad respecto al PIB.

En segundo lugar analizaremos el IMCV en la categoría de salud en relación con el gasto público en sanidad respecto al PIB. A continuación estableceremos una nueva relación entre el Cociente S80/20 del INE con el gasto público en servicios sociales respecto al PIB. La elección del Cociente S80/20 se debe a que ha sido empleado por el INE desde el año 2006 hasta el 2021 y para técnicas de inferencia estadística es conveniente aglutinar el mayor número de casos posibles. Finalmente, realizaremos una última relación entre el Cociente S80/20 y el gasto público en sanidad respecto al PIB.

Inicialmente contaremos con una visión espacial (Véase Figura 1) de los nuevos presupuestos destinados al ejercicio 2024. A grandes rasgos, podemos evidenciar que más de un tercio de la totalidad del presupuesto se destina a Sanidad con un 36,02%. En educación encontramos que se destina el 18,35%, que en relación a los presupuestos del ejercicio 2023 en esa misma área, ya no cuenta con las competencias de universidades, trasladándose a una nueva sección denominada “Universidades, Ciencias e Innovación y Cultura” que cuenta con un 3,65% de la totalidad del presupuesto.

La que fuera la anterior área de “Derechos Sociales”, ahora denominada como “Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias» (en adelante Bienestar Social), cuenta con un 6,27% del presupuesto.

De esta manera, podemos apreciar que las 3 secciones presupuestarias correspondientes a Sanidad – Bienestar Social – Educación suponen el 60,64% del presupuesto, resultando en 6.917 millones de euros.

Por lo tanto, más de la mitad del presupuesto se destina fundamentalmente a estas tres secciones.

A continuación, mostramos una comparativa por secciones entre los presupuestos de los ejercicios 2023 y el próximo año 2024 (Véase Figura 2).

En relación a estos dos ejercicios, cabe destacar que el total del presupuesto de cada anualidad, varía. Por lo tanto, no existe la misma cantidad de fondos en ambos ejercicios.

Asimismo, el ejercicio económico 2023 contaba con un total de 10.572 millones de euros de presupuesto total, mientras que, las nuevas cuentas del próximo 2024 parten de 11.407 millones de euros, o lo que es lo mismo el ejercicio 2024 contará con un 7,89% más que el ejercicio anterior.

Teniendo en cuenta que durante el mes de octubre de 2023 el IPC* (Índice de Precios al Consumo) se situaba en el 4,3%, traduciéndose en un incremento general de los precios y por lo tanto como resultado de este, en un aumento de la inflación*. Si analizamos esa misma inflación y el incremento del presupuesto del ejercicio 2024 con respecto del anterior (2023), los actuales presupuestos se encuentran 3,59 puntos porcentuales* por encima de la inflación, lo que quiere decir, que existe un incremento real del presupuesto y no únicamente como resultado del aumento del IPC.

Al hablar de secciones, cabe destacar que durante este análisis se procede a observar lo contenido entre los Capítulos I y VIII, por lo que se excluye el Capítulo IX de “Pasivos Financieros” destinado fundamentalmente a pago de deuda. A continuación procederemos a analizar los grandes incrementos y decrecimientos de presupuesto con respecto al anterior ejercicio de 2023:

En primer lugar la evidencia muestra que en relación a los incrementos del presupuesto podemos señalar las siguientes Secciones en base a las variaciones porcentuales (%) más significativas, siendo estas: Deuda Pública* – Transición Ecológica y Energía – Hacienda y Relaciones con la Unión Europea – Sanidad.

Si bien hay que reconocer que, la Sección referente a Sanidad, no se encuentra entre los grandes aumentos porcentuales (%), sí que se trata del mayor aumento de presupuesto, teniendo en cuenta que crece en 532 millones de euros con respecto al ejercicio de 2023.

Concretando lo antes mencionado, procedamos a analizar los grandes incrementos por Secciones:

Respecto a la Deuda Pública hay que tener en cuenta que se trata de una Sección con un único programa denominado “Amortización y Gastos Financieros de Deuda Pública y Moneda Nacional”. Este programa que se refiere fundamentalmente al pago de deuda, se incorpora en los Capítulos III y IX.

En el Capítulo III, encontramos una partida de 96,9 millones de euros que, respecto al año 2023 (48,3 millones de euros), se trata de un incremento del 100,49% de la partida presupuestaria.

Por último en su Capítulo IX, se destinan 661,8 millones de euros, lo que supone un 87,2% del total (100%) de la Sección.

Al proceder a comparar las partidas que se describen anteriormente con los presupuestos del año 2023 encontramos que en el anterior ejercicio, se destinaba un 8,45% (891,06 millones de euros) a esta Sección mientras que en el ejercicio actual se destina un 6,65% (758,7 millones de euros).

Los porcentajes antes mostrados se refieren a cuánto se destina porcentualmente en base al total del presupuesto para esa partida. Lo que quiere decir que, la comparativa del Programa “Amortización y Gastos Financieros de Deuda Pública y Moneda Nacional” evidencia en cuánto porcentaje de la totalidad del presupuesto se traduce dicha partida.

Por lo tanto, el actual presupuesto destina menos partida al pago de deuda pública tanto total como porcentualmente.

Pero, ¿qué efectos podría tener el decrecimiento de partidas destinadas al pago de deuda pública?

Deterioro de la confianza crediticia, es decir, que se incrementa la desconfianza por parte de quienes prestan el crédito a la administración.

Aumento del endeudamiento, es decir, en el caso de existir incumplimientos de pago, los intereses de una deuda pueden aumentar significativamente, llevando los incumplimientos a un ciclo donde se crea mayor deuda y por tanto más intereses.

Disminución de la calificación crediticia, es decir, que disminuya la valoración por parte de las agencias de calificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de la administración sobre el pago de la deuda y por lo tanto incrementen los costes e intereses, así como que disponga de más dificultad para disponer de futuro crédito.

Explicado lo anterior, si bien es cierto que priorizar el pago de deuda no es deseable ya que se podría traducir en la pérdida de calidad de los servicios públicos, la cuantía total del presupuesto para el ejercicio 2024 debería permitir, al menos, igualar en términos absolutos (€) la partida destinada al pago de deuda con respecto al ejercicio de 2023.

Ahora bien, si ahondamos en los datos ofrecidos por el Portal de Transparencia Pública del Gobierno de Canarias, encontramos que,

• Respecto al PIB (Producto Interior Bruto)* los presupuestos de 2023 destinaban un 2,34% (891,06 millones de euros) al pago de la deuda y los presupuestos de 2024 un 1,78% (758,7 millones de euros) al mismo término.
• Para el año 2022, la deuda pública significaba un 13,6% del PIB (6.474 millones de euros) mientras que para el segundo trimestre del año 2023 significaba un 14,10% del PIB (7.049 millones de euros).

Si bien los datos anteriores muestran que la deuda ha aumentado en 0,5 puntos porcentuales, el pago a esa misma deuda ha disminuido en 0,56 puntos porcentuales respecto al PIB. Por tanto, el aumento de la deuda no se corresponde con un incremento presupuestario para afrontarla en unos presupuestos que, como antes indicamos, aumentan por encima del IPC.

La que fuera denominada durante el ejercicio del 2023 como “Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial”, tras el nuevo cambio de gobierno autónomo, pasa a ser dividida en dos Secciones, siendo estas por un lado “Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas” y por otro “Transición Ecológica y Energía”.

Es por ello que a lo largo del análisis de los presupuestos y por motivos de mejor ajuste a la comparación presupuestaria para la emisión del informe y su comprensión, hemos unificado los programas a una única Sección. De esta manera, permite analizar y comparar los presupuestos del ejercicio 2023 y el ejercicio 2024 pese al incremento y división de Secciones.

En relación a los presupuestos para la anualidad 2024 destinados a esta Sección, cabe evidenciar un incremento del 57,49% (107,9 millones de euros) respecto al ejercicio de 2023. Asimismo, en cuanto a la totalidad del presupuesto, varía en 0,81 puntos porcentuales más que en las cuentas de 2023, representando en ese mismo ejercicio el 1,94% y en el de 2024 el 2,75%.

En relación a esta Sección, respecto al año 2023 se evidencia un incremento del 29,06% (46,7 millones de euros) en las cuentas del ejercicio 2024. En relación al total del presupuesto 2024, la partida muestra un aumento de 0,27 puntos porcentuales.

Si bien encontramos los incrementos antes descritos, que se han comparado con respecto a dos ejercicios presupuestarios (2023 – 2024), cabe destacar que la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea es la encargada de la distribución de los fondos presupuestarios para cada Sección, por lo que que pese a realizar en este apartado el correspondiente análisis, se procederá a ahondar con mayor profundidad sobre este mismo en Secciones como Sanidad, Bienestar Social y Educación.

Convendría señalar que a lo largo de la redacción de los presupuestos para el ejercicio 2024, según declaraciones de la propia Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, se ha mantenido un principio básico denominado “Gasto Real”. ¿A qué está referido el principio de Gasto Real?

Para dar respuesta a este planteamiento, a lo largo del análisis se ha debido proceder a entrevistas con diferentes informantes llegando a la siguiente conclusión ratificada por integrantes del actual gobierno.

“Gasto Real” según Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea:

El principio de Gasto Real empleado, se corresponde a cuantificar cuál ha sido el nivel de ejecución presupuestaria respecto a la previsión en los presupuestos del ejercicio 2023. Lo que quiere decir que, se ha calculado el total del presupuesto que sí se había ejecutado en cada una de las Secciones con respecto al total de esa Sección. Todo ello con “el objetivo de despejar incertidumbres”. (Matilde Asián – Consejera de Hacienda y relaciones con la UE Gob. Can. – 31 de octubre de 2023)

En términos económicos, el Gasto Real, debería corresponder al gasto en bienes y servicios teniendo en cuenta la inflación. Y esto nos indica cuánto estaríamos gastando en relación al IPC. Comprender y controlar el gasto real según (Dornbusch, 2002) “es esencial para evaluar la salud económica y la eficacia de las políticas fiscales”.

Si bien es cierto que, tal y como indicamos durante el análisis de la Deuda Pública, la configuración de los presupuestos ha tenido en cuenta el incremento del IPC, es más, se encuentra por encima de ese incremento en 3,59 puntos porcentuales. ¿Se aplica ese principio de gasto real a todas las secciones comprendidas en el presupuesto?

Durante el análisis, hemos podido comprobar que el principio de Gasto Real expresado por el Gobierno Autónomo, no se ha trasladado a todas las Secciones y no se corresponde únicamente con términos de incremento del IPC.

En primer lugar la evidencia muestra que en relación a los decrecimientos del presupuesto podemos señalar las siguientes Secciones en base a las variaciones porcentuales (%) más significativas, siendo estas: Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria – Turismo y Empleo – Política Territorial y Aguas

Para comenzar, el principal decrecimiento del presupuesto lo podemos encontrar en la Sección “Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria” que con respecto al año 2023 decrece en un 14,39% (24,1 millones de euros menos). Cabe señalar que respecto al total de cada presupuesto, se está destinando actualmente 0,36 puntos porcentuales menos que en relación al anterior ejercicio de 2023 (Véase Figuras 2 y 2.1).

En relación a esta Sección cabe destacar que respecto a los anteriores presupuestos ha decrecido un 7,19% (18,5 millones de euros menos) destinados a esta partida. Si procedemos a comparar en relación a la totalidad del presupuesto del ejercicio 2024, esta Sección ha decrecido 0,34 puntos porcentuales con respecto al ejercicio de 2023.

Asimismo para los actuales presupuestos, la partida destinada a “Fomento del Empleo” supone un 37,9% del total de la Sección, mientras que en los presupuestos anteriores, esto ascendía al 42,36%. Lo que quiere decir que, con respecto a los anteriores presupuestos se está destinando 4,46 puntos porcentuales menos a este concepto.

Si tenemos en cuenta los datos ofrecidos por el ISTAC en relación a los índices de desempleo para el tercer trimestre de 2022, Canarias disponía de una tasa de del 17,73% (191.437 personas), asimismo, para el tercer trimestre del 2023 se encontraba en 15,23% (172.487 personas). En relación a lo anterior cabe señalar que si bien ha existido una disminución de 2,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo del año 2022 al 2023, la disminución de la inversión en “Fomento del Empleo” se encuentra 2 puntos porcentuales por encima de esa disminución.

En relación a las partidas presupuestarias destinadas a “Turismo”, las cuentas actuales destinan 84,9 millones de euros para el ejercicio 2024, mientras que en el 2023 se dedicaban 79,7 millones de euros, lo que implica una diferencia de 5,3 millones de euros más en los actuales presupuestos, lo que quiere decir, un incremento de 6,2% en 2024. En relación a la totalidad del presupuesto, para el año 2024 “Turismo” ocupa 0,75% del mismo, mientras que en el año 2023 suponía igualmente el 0,75%. Por lo que su distribución no ha variado en puntos porcentuales en cada presupuesto.

Por lo tanto, si bien en relación al “Fomento del Empleo” los datos evidencian un decrecimiento de las partidas presupuestarias, no sucede así con “Turismo” en la misma sección.

En definitiva, mientras “Turismo” crece y respeta el incremento de las partidas en relación al IPC, la partida destinada a “Fomento del Empleo” no se corresponde con los datos relativos al desempleo en Canarias y al IPC.

En relación a esta Sección, cabe destacar un decrecimiento del 6,67% (7,6 millones de euros menos) con respecto al ejercicio de 2023. Si procedemos a comprar en relación a la totalidad del presupuesto, se están destinando 0,19 puntos porcentuales menos que las anteriores cuentas.

Asimismo cabe destacar que con respecto a las partidas presupuestarias destinadas a “Aguas” encontramos en su programa de “Estudios, Investigación y gestión en materia de aguas” una caída del 36,57% (3,8 millones de euros menos) que con respecto al presupuesto de 2023.

A este respecto y según el Informe del pasado mes de octubre “Actuaciones para solucionar la crisis hídrica del Archipiélago de Canarias” redactado por el Dr. en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, especializado en Hidráulica y Energética D. Carlos Soler Liceras, “actualmente el 70% de la demanda canaria se nutre de agua subterránea y el 30% restante, a través de aguas desaladas y regeneradas. Sin embargo, esto varía mucho entre islas, desde el 100% de la desalación en Fuerteventura y Lanzarote, hasta el 95% de aguas subterráneas en La Palma y La Gomera o el 80% en Tenerife, pasando por proporciones casi similares, desalada/subterránea para El Hierro y Gran Canaria. No obstante la tendencia, en los últimos años, es claramente a ir sustituyendo subterránea por desalada, hasta el punto en el que nos encontramos ahora: todas las islas tienen desaladoras».

Actualmente Canarias cuenta con 321 desaladoras y tal como indica el citado informe “Urge tomar medidas de efecto inmediato para solucionar desabastecimientos y esto solo se pueden conseguir a partir del agua subterránea, cualquier desaladora conlleva unos plazos inadecuados a la urgencia.” de la misma manera afirma que “… Canarias lleva algunas décadas con serios problemas de abastecimiento que la desalación y la reutilización no han conseguido solucionar.”

Si bien encontramos un decrecimiento de la partida asignada al programa antes mencionado, no se justifica con los contextos hídricos y las necesidades relativas a la búsqueda de alternativas a la desalación y reutilización.

Asimismo, el tipo de consumo energético que demandan las desaladoras que actualmente se encuentran en el archipiélago, según lo reflejado por el Instituto Tecnológico de Canarias es en su mayor proporción perteneciente a combustibles fósiles (82,5%), lo que tiene un impacto en el consumo energético del 10% de la red eléctrica destinada únicamente a desalación.

Si bien el agua se traduce como derecho fundamental en la prestación a la ciudadanía, esta dependencia por la que la obtención del agua queda supeditada al consumo eléctrico basado en los combustibles fósiles, se traduce en un incremento exponencial de los precios tanto del consumo eléctrico como del suministro de aguas.

En definitiva, el decrecimiento de partidas destinadas a la investigación, estudios y/o gestión del agua no se ajusta a los contextos hídricos y de suministro de los que dispone Canarias, así como que se distancia de los principios de Transición Ecológica y Energía por los que se producen los incrementos expuestos en dicha Sección.

Analizados los anteriores crecimientos y decrecimientos de las Secciones con respecto al ejercicio 2023, procedemos a exponer las variaciones que se muestran en la Figura 2.1.

Podemos señalar la caída en “Economía, Industria, Comercio y Autónomos” con 0,06 puntos porcentuales, “Presidencia del Gobierno” con 0,08 puntos porcentuales, “Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura” con 0,11 puntos porcentuales, “Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas” con 0,15 puntos porcentuales, “Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias” con 0,19 puntos porcentuales, Diversas Consejerías con 0,25 puntos porcentuales, “Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria” con 0,33 puntos porcentuales, “Turismo y Empleo” con 0,34 puntos porcentuales, “Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes” con 0,66 puntos porcentuales y por último “Deuda Pública” incluyendo el Capítulo IX (Pasivos Financieros) con 1,8 puntos porcentuales.

Podemos señalar los aumentos de “Transferencias a Corporaciones Locales” con 0,01 puntos porcentuales, “Hacienda y Relaciones con la Unión Europea” con 0,29 puntos porcentuales, “Obras Públicas, Vivienda y Movilidad” con 0,34 puntos porcentuales, “Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia” con 0,4 puntos porcentuales, “Transición Ecológica y Energía” con 0,81 puntos porcentuales y por último, el mayor incremento lo encontramos en “Sanidad” con 2,1 puntos porcentuales.

Entre los grandes incrementos de la variación presupuestaria por Entes Públicos, podemos destacar el aumento del 88,8% (908.334 euros más) asignado al “Consejo Económico y Social”. Cabe recordar que este es un organismo de derecho público de carácter consultivo (asesor) con la finalidad de redactar informes y dictámenes en materia económica, social y laboral, además de informes previos en relación a los anteproyectos de ley y planes del gobierno en dichas materias.

En segundo lugar se evidencia un incremento correspondiente al 15,19% (576,2 millones de euros más) destinados al Servicio Canario de la Salud, dato que no sorprende dado que como hemos podido apreciar en la Figura 2.1, se produce un aumento de 2,1 puntos porcentuales en la Sección de “Sanidad”.

Finalmente el último de los grandes incrementos lo encontramos en el “Parlamento de Canarias” por el que se produce un aumento del 4,53% (1,7 millones de euros).

En relación a los grandes decrecimientos de la variación presupuestaria por el mismo concepto, podemos evidenciar que el “Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria” (ICCA) cuenta con un 6,02% (447.301 euros menos), dato que tampoco sorprende tras en el decrecimiento de las partidas destinadas a la Sección “Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria”. Cabe recordar que el ICCA actúa en el marco de la Comunidad Autónoma como entidad prestadora de servicios en relación con el control y la certificación de la calidad de los productos agroalimentarios. Por lo que se muestra un decrecimiento presupuestario en los instrumentos de los que dispone la Comunidad Autónoma en relación a la protección de los productos agroalimentarios en el archipiélago.

Por otro lado, en relación al “Instituto Canario de Investigaciones Agrarias” cuya función principal es la de elaborar y ejecutar programas, desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico tendentes a incrementar la competitividad agraria, mejorar la calidad de vida y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, muestra un decrecimiento de la partida presupuestaria en 5,7% (648.668 euros menos) con respecto a las anteriores cuentas del ejercicio 2023. Si bien cabe recordar lo expuesto en este sentido en el análisis de la Sección referida al sector primario, al mostrar la mayor caída porcentual (14,39%) de todas las Secciones del presupuesto.

Finalmente, cabe señalar la caída en relación a la inversión presupuestaria sobre el “Instituto Canario de Igualdad” con un decrecimiento del 5,29% (763.884 euros menos) con respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar sobre este decrecimiento lo relativo a los datos expuestos en la siguiente Figura 5.

Tal y como se puede observar en el anterior gráfico (Figura 5), podemos observar la evolución de llamadas al 016 (número telefónico de atención contra la Violencia de Género) por el que se prestan servicios de atención, acompañamiento, asesoramiento de carácter jurídico, psicológico y personal especializado en todas las formas de violencia contra las mujeres.

De esta manera, el primer dato que se recoge para Canarias, nos indica que se producían 12,33 llamadas por día el 1 de marzo de 2011, mientras que el último dato disponible para el 1 de agosto de 2023, nos indica que se producían un promedio de 28,37 llamadas al día (+ 130,8%).

Si bien los datos anteriores muestran un gradual y exponencial incremento del promedio de llamadas y atenciones a víctimas de violencias machistas en el marco de la Comunidad Autónoma de Canarias, el decrecimiento antes mencionado sobre el Instituto Canario de Igualdad, no se ajusta al contexto ni a los niveles de atención que se precisan en esta materia.

Asimismo, y en relación a los fondos provenientes del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, se muestran como fondos distribuidos entre las diferentes Comunidades Autónomas y que debido a los procesos de tramitación y transferencia habituales de la administración, no justifican el decrecimiento de partidas que, permitirían programar los objetivos y acciones que se contemplan como imperativo en las normas sectoriales de aplicación tanto en el marco de la Comunidad Autónoma, como en lo dispuesto en la legislación estatal.

En la siguiente estadística (Figura 6) encontramos la evolución presupuestaria (por Funciones) para Canarias entre los años 2006 y 2023. Tal y como queda reflejado, podemos destacar que la Función de “Sanidad” siempre se ha encontrado entre el 39% y el 32% de la totalidad del presupuesto.

Por otro lado, la segunda Función que podemos observar es “Educación” que se ha encontrado a lo largo de las diferentes anualidades en torno al 19% y al 24% de la totalidad del presupuesto.

Cabe señalar que los comportamientos de ambas Funciones se relacionan a lo largo del periodo antes mencionado, pues tanto los incrementos como los decrecimientos de las partidas presupuestarias destinadas a “Sanidad” y “Educación” se producen a la misma vez. Asimismo, están relacionadas con la Función de “Deuda Pública», pues como podemos observar las disminuciones de estas, corresponden a un incremento de la “Deuda Pública” y viceversa.

En relación a la Función de “Servicios Sociales y Promoción Social” encontramos que ha evolucionado de un 4,21% en 2006 hasta un 6,27% de la totalidad del presupuesto en 2023.

Tal y como podemos apreciar en la Figura 7 en relación al presupuesto destinado al Primer Sector por Comunidades Autónomas, si tenemos en cuenta el promedio entre el año 2006 y 2023, Canarias es la tercera Comunidad Autónoma por la cola en gasto presupuestario destinado al Primer Sector. Es decir, destina once (11) veces menos de espacio en su presupuesto para el Primer Sector, que Extremadura y Castilla La Mancha (que lideran el ranking).

Respecto al presupuesto destinado a Alta Dirección por Comunidades Autónomas, podemos evidenciar que Canarias se encuentra en la tercera posición, liderando el gasto y sólo superada por Islas Baleares y La Rioja. Es decir, Canarias duplica el gasto en Alta Dirección en relación a la Comunidad de Madrid.

En cuanto al presupuesto destinado a “Educación” por Comunidades Autónomas, podemos observar que Canarias se encuentra en la sexta posición, es decir, ligeramente por encima de la media. De esta manera, se sitúa en 6 puntos porcentuales por encima de Navarra y a 5 puntos de la Región de Murcia.

Al fijar la atención en la función de Sanidad por Comunidades Autónomas, desvela que Canarias es la 2º Comunidad en destinar un mayor porcentaje de su presupuesto, situándose 22 puntos porcentuales por encima de la Comunidad Foral de Navarra.

Por último, sobre el presupuesto que se destina a “Servicios Sociales” por Comunidades Autónomas, podemos encontrar que Canarias se encuentra en la segunda posición por la cola (penúltima), destinando la mitad que Comunidades Autónomas como La Rioja o Asturias.

A continuación vamos a proceder a realizar un análisis por Comunidad Autónoma entre los años 2006 y 2021 donde se expondrán diferentes indicadores (índices de medición) en relación con las áreas de “Servicios Sociales”, “Sanidad” y “Educación”.

En lo que respecta a los indicadores socioeconómicos, hemos tenido en cuenta el índice de GINI, IMCV y la Renta Mediana.

Para el año 2021, Canarias es la segunda Comunidad Autónoma que presenta mayor desigualdad en los ingresos, es la Tercera Comunidad Autónoma por la cola en Renta Mediana (13.763 euros) y la segunda Comunidad Autónoma con peor IMCV, sólo superada por Andalucía. En resumen, estos indicadores nos muestran una Canarias con altos índices de desigualdad, de pobreza y con una deficiente calidad de vida.

Tal y como se expone en la “Metodología” del presente informe, existe una relación directa y positiva entre el “gasto público” y el “bienestar social”. Por ello nos preguntamos, ¿existe relación entre los indicadores socioeconómicos y la acción de los diferentes Gobiernos?

Al deslizar y como podemos observar en la Figura 9, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en segunda posición por la cola en gasto social por habitante. Destinando 248 euros por habitante, siendo 2,5 veces menos que la Comunidad Foral de Navarra (liderando el ranking).

En definitiva y a la luz de la evidencia, el desempeño de los Gobiernos se corresponde con los resultados de los indicadores socioeconómicos de Canarias.

En relación a la Figura 10 sobre Indicadores Sanitarios por Comunidades Autónomas entre el periodo 2006 y 2021, cabe mencionar que hemos tenido en cuenta para la valoración del análisis los siguientes indicadores:

El personal de enfermería y medicina en atención primaria por cada mil habitantes.

El IMCV centrado en la categoría de salud.

El porcentaje (%) de camas del Sistema Nacional de Salud respecto al total de camas.

Tal y como muestran los indicadores sanitarios, Canarias se encuentra en la media de personal de enfermería en atención primaria por cada mil habitantes (0,7 x 1000 hab.) y la sexta por la cola en personal de medicina (0,8 x 1000 hab.).

En relación con las camas del Sistema Nacional de Salud, sólo cuenta con 69% respecto al total de camas. Por último, es la segunda Comunidad Autónoma por la cola en IMCV centrado en salud, es decir, la penúltima.

Al deslizar, tal y como podemos observar en la Figura 11 sobre Indicadores de Salud Mental por Comunidades Autónomas entre los periodos comprendidos entre 2006 y 2021. Hemos contado para este análisis con los siguientes indicadores:

El personal de enfermería y medicina en atención primaria por cada mil habitantes.

El personal de enfermería y medicina en atención primaria por cada mil habitantes.

El personal de enfermería y medicina en atención primaria por cada mil habitantes.

Se puede evidenciar que, para el año 2021 Canarias es la tercera Comunidad Autónoma en consumo de hipnóticos y sedantes por cada mil habitantes (46,79 x 1000 hab.), dos veces por encima que la Ciudad Autónoma de Melilla.

Asimismo, es la cuarta Comunidad Autónoma, en consumo de antidepresivos por cada mil habitantes (81,20 x 1000 hab.) sólo por detrás de Castilla La Mancha (91,76), Castilla y León (88,2) y Cantabria (83,11).

Por último, Canarias es la tercera Comunidad Autónoma en porcentaje de personas inscritas en atención primaria con un una enfermedad relacionado con la salud mental sobre el total de registros (16,37%), sólo superada por Extremadura (16,63%) y Cantabria (16,63%).

Al igual que en el apartado anterior nos volvemos a preguntar si existe relación entre los indicadores sanitarios y la acción del Gobierno para el año 2021.

En este sentido, la Figura 12 (deslizar gráfico) sobre gasto sanitario por persona en cada Comunidad Autónoma en el periodo comprendido entre las anualidades 2006 y 2021 nos muestra que Canarias es la quinta Comunidad Autónoma por la cola en gasto sanitario por habitante (1.516 euros por persona), superando a la Comunidad valenciana (1.482 euros por persona), Andalucía (1.373 euros por persona) y la Comunidad de Madrid (1.210 euros por habitante.

Esto no se corresponde con la evidencia obtenida en el análisis del gasto destinado a “Sanidad” por Funciones donde Canarias ocupaba el segundo lugar respecto al resto de Comunidades Autónomas. Por tanto, pese a dedicar un tercio de su presupuesto a “Sanidad”, este no es suficiente si lo comparamos con su impacto sobre la población.

En definitiva, lo antes expuesto demuestra que Canarias no cuenta con medios y servicios sanitarios suficientes para dotar a la población de un sistema de calidad sanitaria cuyos efectos se extienden también a la Salud Mental.

Con la figura 13 comenzamos el análisis de los siguientes indicadores por Comunidades Autónomas para el año 2022:

Desempleo en menores de 25 años

Abandono educativo temprano

IMCV centrado en la educación

En el caso de Canarias podemos observar que se trata de la primera Comunidad Autónoma con mayor tasa de desempleo en menores de 25 años con un 57,35%, sólo superada por la Ciudad Autónoma de Melilla con un 62,56%.

Asimismo, respecto al abandono educativo Canarias se encuentra por debajo de la media (12,53%) con 6,1 puntos porcentuales (11,7%,) por encima del País Vasco, que es el territorio que muestra una menor tasa de abandono educativo temprano. Por último, cabe señalar que Canarias es la cuarta Comunidad Autónoma por la cola en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida centrado en educación (108,11), superando Únicamente a Castilla La Mancha (107,87), Murcia (107,41) y Baleares (106,28).

En definitiva, si bien es cierto que Canarias no presenta datos sobre abandono educativo preocupantes, el paro juvenil nos dice todo lo contrario y en su misma línea el IMCV. Esta evidencia, sugiere una posible explicación y es que el abandono educativo puede no ser un problema debido a que la alternativa de transitar al mundo laboral tiene el resultado casi seguro del desempleo. En ese caso, el sistema educativo se estaría convirtiendo en un refugio al paro estructural que no garantiza dar cabida al talento generado en las islas.

La Figura 14 (deslizar gráfico)muestra el gasto educativo por persona entre las diferentes Comunidades Autónomas para el año 2021. Para el caso de Canarias podemos destacar que se encuentra en la cuarta posición por la cola. Debemos mencionar que, en gasto educativo se encuentra dos posiciones por encima que en el gasto social. Esta evidencia nos hace preguntarnos ¿Es este aumento en el gasto educativo por habitante consecuencia de que el sistema educativo esté funcionando como dique de contención del desempleo juvenil?

La Figura 15 nos muestra los siguientes indicadores por Comunidades Autónomas en perspectiva de género:

Porcentaje de mujeres/hombres inscritos en atención primaria con una enfermedad relacionado con la salud mental sobre el total de registros para el año 2021.

Porcentaje de personas mayores de 65 años con algún tipo de limitación para realizar tareas en el hogar para el año 2022.

Horas trabajadas según tipo de jornada para el año 2023.

Para facilitar el análisis hemos dividido el gráfico interactivo por género, así podremos detectar posibles impactos del género sobre los indicadores descritos. En primer lugar, podemos detectar que tanto para hombres como mujeres Canarias es la segunda Comunidad Autónoma en porcentaje de inscritas en atención primaria por un motivo de salud mental. Asimismo, la brecha de género en este indicador es de 10,99 puntos porcentuales, 16,37% en los hombres y 27,36% en mujeres, es decir, que la incidencia de enfermedades relacionadas con la salud mental en mujeres es 1,67 veces superior respecto a los hombres.

En cuanto al porcentaje de personas mayores de 65 años con algún tipo de limitación para realizar tareas en el hogar, Canarias es la Comunidad Autónoma que presenta una mayor incidencia de este indicador. En los hombres supone el 51,20%, mientras que para las mujeres es un 91,98%. Esto implica que en Canarias la mitad de los hombres mayores de 65 años presentan alguna limitación para realizar los cuidados del hogar, pero para el caso de las mujeres son 9 de cada 10.

Por tanto, Canarias es la Comunidad Autónoma que más castiga a las personas mayores, y más concretamente a las mujeres mayores por superar los 65 años. En definitiva, en Canarias se llega a los 65 años, pero llegamos peor que en el resto del país.

Finalmente, ponemos el foco en el indicador de horas trabajadas según tipo de jornada y como se puede apreciar existe una brecha respecto al tipo de contrato laboral según el género. Para el caso de Canarias el 93,3% de los hombres se encuentran contratados a jornada completa, mientras que para las mujeres este mismo dato es del 83,5%, es decir, casi 10 puntos porcentuales menos. Respecto a la jornada parcial en el caso de las mujeres se encuentran en este tipo de jornada el 16,5%, mientras que en los hombres es el 6,7%. Hay que destacar que existen otras Comunidades Autónomas que presentan una brecha mayor, como el caso de Comunidad Foral de Navarra donde el 6% de los hombres están empleados en una jornada parcial y para las mujeres esta cifra asciende al 21,6%. Sin embargo, hemos podido evidenciar que la desigualdad importa cuando queremos explicar la brecha de género en el empleo y la Comunidad de Madrid era el único territorio que supera a Canarias en el índice de Gini (35 y 33 respectivamente) y para su caso la brecha en el tipo de jornada parcial es de 9 puntos porcentuales.

Una explicación a este hallazgo es, que a medida que aumenta la desigualdad aumenta el coste de oportunidad de la elección de una jornada parcial, cuya preferencia radica en la conciliación familiar asumida principalmente por las mujeres. Es decir, si hay más desigualdad tenemos menos posibilidades de elegir entre el trabajo y la conciliación familiar con una jornada parcial. Por lo tanto, de existir políticas laborales que garantizaran la conciliación, este tipo de dilemas forzados no se darían y si esas mismas políticas contaran con mayor perspectiva de género, no afectaría únicamente a las mujeres.

En este apartado pondremos a prueba la pregunta planteada al final de nuestro marco teórico: ¿Sirve el sistema público actual a su principal fin?

La Figura 16 es un gráfico de dispersión donde cada punto es el valor de cada Comunidad Autónoma y su intersección entre dos variables (brecha de género del GINI y gasto público en “Educación” respecto al PIB) por cada año. Lo que quiere decir, que cada punto representa a una Comunidad Autónoma para cada año y el cruce de las dos variables.

Tal y como se expresa en la parte inferior izquierda del gráfico, a medida que disminuye el gasto público en “Educación” respecto al PIB, aumenta la desigualdad de los ingresos en base al género. Es decir, que aquellas comunidades autónomas que destinan menos inversión pública para Educación presentan una mayor desigualdad de género.

La Figura 17 relaciona el porcentaje de gasto público en “Sanidad” respecto al PIB con el IMCV centrado en la categoría de salud para todas las Comunidades Autónomas entre los años 2006 y 2021.

La relación que muestra el gráfico es inversa, lo que quiere decir que, a medida que disminuye el gasto en “Sanidad” aumenta el IMCV centrado en salud. Esta evidencia es inesperada, pues cabría pensar que a un aumento en el área sanitaria debería corresponder una mejora de los indicadores relacionados con la calidad de la salud de una Comunidad Autónoma.

Sin embargo, los indicadores que contiene el IMCV centrado en salud como la autopercibida, morbilidad (enfermedad) crónica, personas con limitaciones en la actividad diaria en los últimos 6 meses, necesidades no satisfechas de cuidados médicos y el sedentarismo en el tiempo libre, requieren de un sistema público de calidad que incorpore políticas de prevención, en aras de mostrar datos suficientes para un nivel de IMCV elevado. Por tanto, una Comunidad Autónoma que implemente medidas de prevención suficientes a lo largo del tiempo prescindirá poco a poco del gasto sanitario.

En definitiva, un mejor sistema de prevención se traduce en un aumento del bienestar sanitario y como resultado, el gasto que se debe destinar a Sanidad disminuye.

La figura 18 relaciona el gasto público en Servicios Sociales con el indicador S80/20. Este indicador relaciona la renta media del 20% que más gana, con la renta media del 20% que menos gana. Como resultado obtenemos un indicador que mide la desigualdad de los ingresos. Así bien, se han tenido en cuenta todas las Comunidades Autónomas, salvo Ceuta y Melilla, entre los años 2008 y 2021.

Este gráfico muestra que a medida que disminuye el gasto en Servicios Sociales aumenta la desigualdad de los ingresos. Lo que evidencia que, aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con sistemas de protección social provistos de más recursos para este fin, presentan una menor desigualdad social. Cabe destacar que a medida que aumenta la desigualdad en una sociedad aumentan los indicadores de criminalidad y corrupción institucional, por otro lado, dificulta el asociacionismo y la calidad democrática (Calderón y Chong, 2000; Fajnzylber et al, 2002; Alonso y Garcimartín, 2010). En consecuencia, la desigualdad produce peores instituciones y esas instituciones generan un contexto de mayor desigualdad.

En definitiva, invertir menos en Servicios Sociales implica asumir niveles de desigualdad social que deteriorarán las instituciones, a la vez que estas incrementan esos mismos niveles de desigualdad .

La Figura 19 relaciona el gasto en sanidad respecto al PIB, con el indicador S80/20 que mide la desigualdad de los ingresos. La temporalidad de este gráfico se encuentra en un periodo comprendido entre el año 2008 y 2021, para todas las Comunidades Autónomas salvo Ceuta y Melilla.

Habitualmente, cabría interpretar que la lógica empleada durante años por las administraciones y diferentes Gobiernos, es que si incrementamos el gasto destinado a “Sanidad”, los índices de desigualdad social deberían disminuir correlativamente. Sin embargo, la evidencia nos muestra que, a medida que incrementa el gasto en “Sanidad”, aumentan los niveles de desigualdad.

Si bien, esto podría parecer sorprendente, no lo resulta tanto si tenemos en cuenta a lo largo del análisis que el sistema público actual no dispone de medidas ni políticas de prevención, por lo que, como consecuencia el incremento de demandas e incidencias como resultados de problemáticas de carácter social acaban incidiendo sobre el área de Sanidad como último nivel de atención al fracaso de las políticas de atención y asistencia.

En definitiva, los incrementos destinados al gasto en “Sanidad” responden al uso de la atención sanitaria como red última de apoyo y atención a la falta de política pública en materia de prevención dirigida a la población. O lo que es lo mismo, los incrementos en Sanidad son el resultado del fracaso en la política pública de protección social.

Concluido el análisis antes expuesto, procedemos a aportar la siguientes conclusiones con respecto a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2024.

En el comienzo del análisis resaltamos que las Secciones de “Bienestar Social”, “Sanidad” y “Educación” suponen la mayor parte de los Presupuestos, en torno a un 60,64% (6.917 millones de euros) del total presupuestado. Cuando analizamos la variación de estas áreas con respecto a 2023, lo que encontramos fue un crecimiento generalizado, si bien es cierto que, el presupuesto actual cuenta con casi un 11% más de fondos que los anteriores.

En este sentido, nos propusimos indagar en un análisis real (distribución comparada) de los presupuestos. A este respecto, lo que hallamos fue que mientras la Sección de “Sanidad” mostraba un crecimiento de hasta 2,1 puntos porcentuales, “Bienestar Social” y “Educación” contaban con un menor porcentaje de partida que en los anteriores presupuestos.

Ante esto, nos preguntamos si los contextos socio económicos de Canarias se corresponden con las variaciones presupuestarias realizadas por el Gobierno Autónomo.

En primer lugar, evidenciamos que somos:

La segunda Comunidad Autónoma más desigual de todo el territorio nacional.

La antepenúltima Comunidad Autónoma con los salarios más bajos de todo el Estado.

La penúltima Comunidad Autónoma con peor calidad de vida.

Esto no ocurre de manera accidental, puesto que somos la penúltima Comunidad Autónoma en Gasto Social por habitante, es decir, de las que menos invierte en políticas de protección y atención social de todo el Estado.

En el ámbito sanitario, descubrimos que somos la penúltima Comunidad Autónoma en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida sanitario, lo que quiere decir, que la percepción de la ciudadanía sobre su salud y nuestro sistema sanitario es indudablemente deficiente.

En relación a la Salud Mental en Canarias, encontramos que somos la tercera Comunidad Autónoma con mayor incidencia en enfermedades mentales sobre la población. Lo que afecta consecuentemente a un consumo masivo de hipnosedantes y antidepresivos, siendo las terceras y cuartas respectivamente en relación a todo el territorio nacional.

El Gasto por habitante en “Sanidad” empleado en Canarias es de 1516€, sin embargo, ocupamos el quinto lugar por la cola en gasto sanitario por habitante.

Al proceder a analizar los indicadores relacionados con “Educación” averiguamos que Canarias es la cuarta Comunidad Autónoma por la cola en el IMCV educativo. Esto se traduce en una pésima percepción de las personas que se encuentran en formación en relación al sistema educativo autonómico. En este sentido, no sorprende que seamos la primera Comunidad Autónoma con mayor tasa de desempleo juvenil en menores de 25 años.

Respecto a lo anterior, encontramos algo inesperado. Y es que estamos por debajo de la media nacional en abandono educativo temprano. Sin embargo, si cruzamos los hallazgos al respecto gasto en educación, la percepción de la ciudadanía respecto al sistema educativo y los datos relacionados al desempleo juvenil y la tasa de abandono educativo. ¿Es realmente algo inesperado?

Averiguamos que el abandono educativo temprano, no es un problema a causa de que la alternativa a dar el salto al mundo laboral tiene el resultado seguro del desempleo. Por lo que el Sistema Educativo está resultando en un refugio sobre el paro estructural a través del cual el talento en Canarias no acaba por integrarse en el mercado laboral.

Las partidas destinadas al Gasto en “Educación” más allá del evidente incumplimiento del porcentaje del 5% con respecto al PIB que debe aportar la Comunidad Autónoma en cada ejercicio económico, nos muestra que somos la cuarta Comunidad Autónoma por la cola en gasto educativo.

Si la “Educación” es el principal instrumento del sistema público para ejecutar políticas de prevención ¿por qué destina el Gobierno de Canarias más presupuesto y prioridad a “Sanidad”?

Al final de nuestro análisis hemos podido encontrar evidencias empíricas para arrojar luz sobre esta pregunta. Habiendo comparado todas las Comunidades Autónomas entre el año 2006 y 2021, descubrimos que a medida que aumenta el gasto público en Sanidad sobre el PIB, aumenta la desigualdad social en el territorio.

¿Pero por qué es importante señalar el incremento o la disminución en relación a la desigualdad social? ¿Qué lógica esconde la relación entre el gasto en lo social y la desigualdad? ¿Por qué debería afectar el incremento del gasto en Sanidad sobre los índices de desigualdad social?

Durante el análisis mencionamos que en base a la evidencia, las sociedades que permiten altas tasas de desigualdad social muestran mayores niveles de criminalidad y corrupción institucional, que a su vez, generan más desigualdad.

La estructura pública de Canarias, ha basado sus esfuerzos de manera histórica en la ampliación o disminución de cuantías presupuestarias en torno a las diferentes secciones con la intención de disminuir tasas y porcentajes de personas en situación de riesgo y/ exclusión social, tasas de desempleo, tasas de abandono educativo temprano, listas de espera en las diferentes atenciones, esperando resolver así la situación estructural que comportan los contexto socio económicos del tejido canario.

Sin embargo, ha quedado evidenciado que las partidas destinadas a Bienestar Social, no se corresponden con los niveles de inversión que se precisan para garantizar la disminución de los índices de desigualdad. De la misma manera, que el empeoramiento y deterioro del sistema educativo, que es evidente ya en la percepción de la propia ciudadanía, facilitan el incremento de esos mismos índices de desigualdad. Por lo que, si el decrecimiento de las Secciones antes descritas, se traducen en el empeoramiento de las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía. ¿Cómo es justamente, la Sección de Sanidad el mayor incremento de estos presupuestos, si su incremento se traduce en mayores índices de desigualdad?

Pues bien, he aquí la respuesta a la pregunta planteada en nuestro Marco Teórico y que da fruto al análisis de estos Presupuestos para el ejercicio 2024;

La actual administración conoce que el decrecimiento de las partidas que podrían ser empleadas para políticas transformadoras y que realmente podrían resolver el contexto canario se traduce en el empeoramiento de la calidad de vida y la salud de la ciudadanía. De esta manera, el incremento en Sanidad es proporcional al nivel excepcional de atenciones y desequilibrios socio económicos que la administración espera recibir.

La Administración Público-Política canaria conoce de la dependencia social incrementada interanualmente sobre la ciudadanía y ha decidido atender la consecuencia en lugar de causa estructural. Por lo tanto, no cumple con su fin principal.

En el caso poco probable, por el que la Administración no conociera de estos hechos, el presente documento servirá de evidencia para disolver los motivos de su desconocimiento aplicado sobre unos presupuestos.

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