ODESOCAN · 22 JUNIO 2026 · SANIDAD

El Hospital Insular de Lanzarote no es solo un edificio. Es una comunidad de profesionales, personas usuarias y entornos de convivencia que ha sostenido durante casi cuatro décadas un modelo público, integrado y especializado de cuidados. Desde la creación de su servicio de geriatría en 1987, es el único centro del Archipiélago dedicado de forma específica a la atención geriátrica; desde 2020, también es el único acreditado por el Ministerio de Sanidad como unidad docente multiprofesional de geriatría.

Por eso, hablar de su traslado no equivale a mover una dirección postal. Significa poner en movimiento un servicio sin equivalente en Canarias, fragmentar su encaje institucional y trasladar un tejido humano construido en torno a un modelo de atención centrado en la persona.

«En el Insular de Lanzarote no existen pacientes de larga duración en una cama hospitalaria de agudos por motivos de dependencia, precisamente porque se cuenta con un equipo multidisciplinar capaz de llevar a cabo un modelo de derivación ágil, pero centrado en la persona».

Domingo de Guzmán Pérez Hernández — Exdirector del Hospital Insular de Lanzarote

Celeridad para el traslado, opacidad para el retorno

El informe reconstruye el recorrido que va de la integración del hospital en la red pública del Servicio Canario de la Salud, efectiva desde 2019, al anuncio de su cierre y traslado entre 2024 y 2026. La secuencia deja una paradoja: la operación avanza con rapidez en su dimensión ejecutiva, pero sin que se haya presentado públicamente el Plan Director que debería ordenarla, sin un proyecto de rehabilitación dotado y sin una fecha de retorno verificable.

La seguridad del edificio exige rigor. El informe técnico de 2019 documentó defectos graves en una construcción de 1950 y la necesidad de una reforma integral. ODESOCAN no niega ese riesgo: la seguridad de las personas usuarias no es negociable. La cuestión es otra. La misma administración que permitió el deterioro durante años impulsa ahora el desalojo sin un plan público de retorno ni una ficha financiera que garantice la continuidad del centro.

Los presupuestos autonómicos de 2026 consignan cero euros para la rehabilitación del Hospital Insular de Lanzarote. El contraste territorial es elocuente: ese mismo presupuesto destina 4,1 millones de euros al Hospital Insular de Gran Canaria y 1,5 millones al Doctor Negrín. El problema no es solo técnico; también expresa una jerarquía territorial en el reconocimiento del derecho.

La demografía camina en la dirección contraria

Lanzarote no pierde población. Entre 2000 y 2019 casi duplicó sus habitantes y, tras la pausa de 2020 a 2022, volvió a crecer hasta alcanzar 167.387 personas en 2025 según datos del INE. La proyección del informe sitúa a la isla en torno a 185.100 habitantes en 2031. Dos métodos independientes que convergen en esa trayectoria ascendente.

La isla es hoy más joven que el promedio canario, pero su cohorte más numerosa se concentra entre los 40 y los 54 años. Esa es, precisamente, la demanda geriátrica de los próximos quince o veinte años. Además, la vejez y el cuidado están profundamente feminizados: serán mayoritariamente mujeres quienes ocupen esas camas y son ya mayoritariamente mujeres quienes sostienen el cuidado cuando el sistema público se repliega.

La estimación de capacidad asistencial refuerza la alerta. Aplicando una tasa de referencia de 300 camas por cada 100.000 habitantes, la necesidad teórica de Lanzarote pasaría de 502 camas en 2025 a 555 en 2031. El inventario insular documentaba 371 camas hospitalarias en toda la isla, incluidas las 80 del Insular. Estas cifras no permiten calcular un déficit exacto, porque las camas no son homogéneas, pero sí muestran una dirección inequívoca: retirar o fragmentar capacidad pública carece de justificación demográfica.

Tres hipótesis y una prueba decisiva

Cuando la demanda no decrece y la planificación no se hace pública, queda una pregunta: ¿Qué explica la operación? El informe formula tres hipótesis, ordenadas de la más a la menos respaldada por la evidencia. No las presenta como conclusiones cerradas, sino como posibilidades que deben poder confirmarse o descartarse.

Las tres hipótesis comparten una prueba: el presupuesto de 2027. Será ahí donde las promesas deberán convertirse en proyecto, financiación y plazos. Hasta entonces, la exigencia democrática es clara: hacer pública la planificación, garantizar la participación de profesionales y ciudadanía y proteger la continuidad de un patrimonio sanitario que Canarias no puede permitirse perder.

Fuente: ODESOCAN, «El Hospital Insular de Lanzarote. Cronología, proceso institucional, impacto demográfico e hipótesis sobre el cierre y traslado del único hospital geriátrico de Canarias», 22 de junio de 2026.

Descargar el informe completo

La Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras Demencias, AFFA, ha celebrado este jueves una rueda de prensa para abordar las posibles irregularidades administrativas detectadas en el procedimiento del concierto social de servicios de atención a personas en situación de dependencia impulsado por el Cabildo de Fuerteventura.

El origen de esta situación se encuentra en el procedimiento mediante el cual el Cabildo Insular ha organizado la prestación de un servicio social especializado financiado con fondos públicos. Según han explicado las entidades comparecientes, la preocupación surge al haberse permitido la continuidad de un procedimiento en el que existirían dudas sustanciales sobre el cumplimiento de la acreditación específica exigible para prestar el servicio objeto del concierto.

Las entidades han recordado que la acreditación no es un simple trámite administrativo, sino una garantía mínima que permite comprobar que una entidad cuenta con los medios, la organización, los equipos profesionales y las condiciones técnicas necesarias para prestar un servicio social especializado con seguridad y calidad. Por ello, han advertido de que permitir la prestación de estos servicios sin las acreditaciones legalmente exigibles supone un riesgo para las personas usuarias, para sus familias y para el conjunto del sistema público de servicios sociales.

Durante la comparecencia intervinieron Teresa Cabrera Morales, gerente de AFFA; Elena Felipe Pérez, directora de ACUFADE; y Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, quienes coincidieron en que el problema no afecta únicamente a un procedimiento concreto, sino al precedente que puede generar para todos los servicios sociales especializados de Canarias.

Desde AFFA, Teresa Cabrera Morales explicó que la entidad ha agotado todas las vías de advertencia, comunicación y solicitud ante las administraciones competentes antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

«AFFA no ha llegado a este punto por voluntad de confrontación, sino por responsabilidad con las personas y familias de Fuerteventura. Con fecha de martes 12 de mayo hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas, como último recurso ante un procedimiento que el propio Cabildo Insular ha dado por finalizado pese a las advertencias realizadas.»

Teresa Cabrera Morales — Gerente de AFFA

Por su parte, Elena Felipe Pérez, directora de ACUFADE, alertó de que el caso de Fuerteventura puede abrir un precedente grave para el conjunto de entidades acreditadas de Canarias.

«Ignorar la obligación legal de las acreditaciones no solo afecta a un procedimiento concreto. Afecta a todas las entidades que durante años han cumplido requisitos técnicos, profesionales, materiales y organizativos para poder prestar servicios especializados con garantías.»

Elena Felipe Pérez — Directora de ACUFADE

Finalmente, Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, comunicó que ODESOCAN ha revisado la documentación trasladada por AFFA y las actuaciones administrativas desarrolladas hasta el momento.

«Una vez el Observatorio ha tenido traslado de toda la documentación y ha revisado minuciosamente el procedimiento, hemos decidido interponer denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos contra la Administración Pública, al apreciar indicios sustanciales de prevaricación administrativa.»

Emma Colao — Directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias

Las entidades insistieron en que la defensa de las acreditaciones no responde a un interés particular, sino a la necesidad de proteger la calidad, la dignidad y la seguridad de los servicios sociales en Canarias. Asimismo, reclamaron a las administraciones competentes que actúen con transparencia, diligencia y responsabilidad, y advirtieron de que permitir la prestación de servicios sociales especializados sin las garantías exigibles supone trasladar el riesgo a las personas y familias que acuden a la administración buscando protección.

Las organizaciones concluyeron que los servicios sociales no pueden sostenerse sobre atajos administrativos ni sobre interpretaciones que rebajen los requisitos legales. En palabras de las entidades, «cuando se debilitan las acreditaciones, se debilita el derecho de la ciudadanía a recibir servicios seguros, dignos y garantizados».