El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias confirma que el Gobierno de Canarias dejará de conceder la prestación económica de asistencia personal a partir del mes de enero

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) confirma que el Gobierno de Canarias dejará de conceder, a partir del mes de enero, la prestación económica de asistencia personal a las personas en situación de dependencia, a pesar de que conocían las consecuencias de esta decisión.

La asistencia personal es una ayuda económica que permite a una persona en situación de dependencia contratar a alguien que la acompañe y apoye en su vida diaria: para ir a trabajar o a estudiar, realizar gestiones, salir de casa, participar en la comunidad y poder seguir viviendo en su entorno. No es una ayuda “extra” ni un complemento: es una herramienta clave para que muchas personas no se vean obligadas a ingresar en una residencia y puedan mantener una vida autónoma.

Hasta ahora, Canarias venía concediendo esta prestación aplicando la normativa estatal, pese a que aún no estaba plenamente regulada en el Decreto autonómico que recoge las prestaciones de dependencia. Precisamente por eso, desde el mes de septiembre la Dirección General de Dependencia envió a la Consejería de Bienestar Social y a la Consejería de Hacienda memorias técnicas, propuestas de enmienda y fichas financieras para que la asistencia personal se incluyera de forma clara en la Ley de Presupuestos de 2026, con su regulación y su dotación económica.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha decidido no recoger estas propuestas en la Ley de Presupuestos. En lugar de incorporar la prestación, las cuantías y las reglas para seguir concediéndola, el contenido presentado por la propia Dirección General ha sido sustituido por una redacción genérica en la enmienda 114, en la que el Gobierno se limita a anunciar que “regulará” la asistencia personal en el futuro, sin garantizar su continuidad ni su financiación a partir de enero.

La consecuencia práctica es inmediata: a partir del 1 de enero no se podrán seguir concediendo nuevas prestaciones de asistencia personal y las personas que ya la tienen reconocida quedarán en una situación de total incertidumbre. Muchas de ellas verán cómo la Administración revisa su plan de atención para cambiarla por otro recurso que no es el que solicitaron o, directamente, cómo su derecho queda congelado a la espera de una regulación que el propio Gobierno ha decidido aplazar. En la práctica, se apaga un derecho que ya estaba en marcha y se devuelve a las familias a la casilla de salida.

“El Gobierno de Canarias y, en particular, la Consejera de Bienestar Social conocían desde septiembre que, si no incluían la asistencia personal en la Ley de Presupuestos, la prestación quedaría en el aire. Aun así, decidieron sustituir el derecho por una frase vacía que promete que ya lo regularán más adelante. Mientras tanto, las personas en situación de dependencia que necesitan asistencia personal se quedan sin nada”, afirma Emma Colao, directora de ODESOCAN.

Para Colao, “no hablamos de un tecnicismo presupuestario, sino de decisiones políticas muy concretas. El Gobierno tenía sobre la mesa la propuesta técnica y la ficha financiera elaboradas por su propia Dirección General para blindar esta prestación y ha decidido ignorarlas. Es simplemente vergonzosa la frivolidad con la que se juega con la vida de las personas que dependen de estos apoyos para estudiar, trabajar o, sencillamente, poder salir de casa mientras afirman que la dependencia es algo prioritario”.

ODESOCAN exige al Gobierno de Canarias que rectifique de forma inmediata y habilite un mecanismo jurídico y presupuestario que garantice la continuidad de la asistencia personal desde el 1 de enero, tanto para las personas que ya la tienen reconocida como para quienes la han solicitado y están a la espera de resolución. En caso de que no se adopten medidas urgentes antes de la entrada en vigor de los Presupuestos, ODESOCAN anuncia que en enero iniciará las acciones jurídicas y de incidencia necesarias para defender el derecho de las personas en situación de dependencia a contar con la prestación de asistencia personal.

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Claudia Vega

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